TIERRA DE PLOMO

Texto: Roberto Flores
Fotos: Rodrigo Sura

La casa que don Hernán García Pérez alquila para montar su tienda cumple con todos los requisitos para que un negocio sea próspero: cuenta con un amplio espacio, el suficiente como para mantener a la vista del cliente todos los productos con los que comercia, además de estar ubicado en una zona estratégica, una cruz calle que representa el centro de la comunidad Tecpan, en donde también reside. La ubicación de la tienda permite que cualquier cliente potencial opte por buscarlo a él para comprar los productos de su necesidad. El único defecto del lugar que alquila es que nadie puede habitar en él.

Hace más de dos meses miembros de la Agencia de Protección Ambiental de Estados Unidos (EPA por sus siglas en ingles) en compañía de representantes del Ministerio de Medio Ambiente y Recursos Naturales (MARN) llegaron al lugar para recolectar muestras de suelo y agua en busca de niveles de plomo que pudieran dañar la salud de sus habitantes. Tales estudios fueron realizados a petición del MARN para poder obtener más evidencia en el caso de contaminación por parte de Baterías de El Salvador y poder proceder tanto en materia judicial como ambiental. Se realizarían pruebas de suelo, agua y cultivos que estuvieran en un radio de más de un kilómetro alrededor de la fábrica.

Los resultados de las muestras extraídas de la casa en donde don Hernán tiene su negocio fueron alarmantes: los niveles de contaminación por plomo alcanzaban los miles de partes por millón, niveles que dejaron impresionados incluso a los investigadores de la EPA asegura don Hernán. Días después, él mismo sería informado que esta casa, la de ubicación estratégica para los negocios, es inhabitable.

Durante las siguientes semanas, estudios hechos en las zonas aledañas a la fábrica, que dejó de funcionar en 2007, encontraron altas concentraciones de plomo en el suelo y el agua de algunos pozos. En algunos casos los resultados daban cuenta de niveles de entre 400 partes por millón y 40,000 partes por millón en el suelo y tres pozos con concentraciones de 0.016; 0.018 y 0.044 miligramos por litro (cuando los niveles aceptados como aceptables según la Norma Salvadoreña Obligatoria para Agua Potable es 0.01 miligramos por litro).

Las evidencias encontradas llevaron al Ministro de Medio Ambiente y Recursos Naturales, Herman Rosa Chávez, a dar el siguiente paso, sin precedentes en la historia de El Salvador: la primera declaración de emergencia ambiental en su historia.

Despertando las expectativas
“Declárese Estado de Emergencia Ambiental por un plazo de seis meses a partir de la entrada en vigencia del presente Decreto, en el área comprendida dentro del radio de 1,500 metros a partir de las instalaciones de donde funcionó, hasta el año 2007, la planta de fabricación y reciclaje de baterías ácido plomo de la Sociedad Baterías de El Salvador, S.A. de C.V”.

Así reza parte del decreto ejecutivo Nº 12 que a través del MARN declaraba la emergencia ambiental en las zonas señaladas. Dentro de esos 1,500 metros hay al menos siete comunidades y colonias que en su totalidad albergan más de 10 mil personas. Estos números remarcaban la magnitud del problema, por lo cual los esfuerzos por resolver la situación requerían de una acción interinstitucional.
En efecto, junto al MARN, el Ministerio de Salud, el Ministerio de Obras Públicas y la Administración Nacional de Acueductos y Alcantarillados fueron las principales encargadas de tomar cartas en el asunto.

Un día después de la declaración, los miembros de la mesa interinstitucional llegaron al Centro Escolar Cantón Sitio del Niño para realizar una reunión informativa con los pobladores de las comunidades afectadas. Las primeras declaraciones fueron para explicar los resultados de los estudios realizados por la EPA y las implicaciones que las altas concentraciones de plomo encontradas podrían traer a la salud de los habitantes.

Fueron tres los anuncios principales de aquella reunión: algunas viviendas serían declaradas inhabitables (entre ellas la casa que don Hernán alquila para montar su negocio), el cierre de cerca de al menos cinco pozos cuyas aguas estaban contaminadas y la posibilidad de clausurar los cultivos aledaños a las instalaciones de la fábrica.

Cuando se visita las zonas que abarca la declaratoria de emergencia ambiental se puede constatar la escasez de recursos económicos de la mayoría de sus habitantes. Gran parte de las familias cuyas viviendas están ubicadas cerca de las instalaciones de la fábrica dependen de la agricultura como una fuente de ingresos que se suma al dinero obtenido por algún trabajo temporal, en la mayoría de los casos mal remunerados.

Es fácil comprender, ante estos hechos, la preocupación que tales anuncios generaron en estas personas. Las autoridades presentes aquel día lo sabían, por lo cual prepararon un plan de acción, en base a lo establecido por el artículo 54 de la Ley de Medio Ambiente, para adoptar “medidas de ayuda, asistencia, movilización de recursos humanos y financieros, entre otros, para apoyar a las poblaciones afectadas y procurar el deterioro ocasionado”.

Los principales puntos del plan que se expusieron en aquel momento fueron la atención en salud de tipo especializada a la población afectada y expuesta al contaminante, abastecimiento de agua segura para el consumo humano, pavimentación de aproximadamente 1,300 metros lineales de calles y caminos alrededor de las instalaciones de fabrica y paquetes alimenticios para aquellas personas cuyos cultivos serían clausurados. En la mayor parte de los casos tales medidas se realizarían en un corto plazo.

Un mes bajo la emergencia
Mauricio Cruz es un hombre bastante elocuente y de basta simpatía entre los habitantes del Sitio del Niño. Preside el Comité Ambiental de dicha localidad, el cual fue formado para denunciar los daños que provocaba Baterías de El Salvador mucho antes de que el caso se convirtiera en un evento mediático, y conoce con gran precisión los detalles y casos de contaminación por plomo. Cuando se le pregunta sobre la forma en que han actuado las autoridades frente a la declaración de emergencia ambiental su sonrisa se torna sarcástica. Utiliza una comparación bastante ingeniosa para hablar de dicha actuación: “son como sompopos sin antenas”.
Esta alusión, según Mauricio, hace referencia a la falta de coordinación que los habitantes de las comunidades afectadas han visto entre las instituciones encargadas de administrar la emergencia. La descoordinación, dice Mauricio, se da incluso dentro de las mismas instituciones.

Recorriendo las zonas inmediatas a la fábrica se puede apreciar que el sentimiento es el mismo entre la población. Y también se puede comprobar el por qué.
En las puertas de la casa del señor René Gómez, ubicada a unos 150 metros de las instalaciones en donde funcionó Baterías de El Salvador, Gabriel Isaí, su nieto de aproximadamente 2 años, juega de forma inocente en la tierra. Los escasos recursos de la familia, compuesta por al menos 11 personas, impiden que el niño disponga de muchos zapatos, por lo cual sus horas de juego las disfruta descalzo.

El día que se realizó la reunión informativa entre los miembros de la mesa interinstitucional y la comunidad, el Ministro de Medio Ambiente aseguró que en este momento uno de los focos principales de contaminación es el contacto con el suelo en las zonas aledañas puesto que se corre el riesgo de absorber a través de la respiración partículas de plomo. La familia de don René Gómez lo sabe pero es casi imposible evitar que sus hijos menores y sus nietos utilicen la tierra como artículo de juego o como lienzo para sus dibujos infantiles.

Hasta que se declaró la emergencia, la principal fuente de agua de esta familia era un pozo artesanal. Luego de escuchar que algunos pozos de la zona están contaminados dejaron de usar esa agua para beber y ahora solo la utilizan para lavar y bañarse. A pesar de que se hicieron estudios en ese pozo para comprobar los niveles de concentración de plomo, al momento de ser entrevistados aún no se les entregaban los resultados de dichos estudios. Sin embargo, el sentido común les dice que si los pozos de los vecinos están contaminados este también lo está.

Don René también apela al sentido común al ser interrogado sobre si considera que la milpa que ha sembrado a unos 50 metros de la fábrica está contaminada. Las autoridades no han colocado sobre en ella uno de los rótulos que si tienen las milpas aledañas, exactamente atrás del recinto abandonado, el cual indica que ese cultivo no es apto para el consumo. La lógica le dice al señor Gómez que si la milpa de al lado no puede ser consumida, pues la de él tampoco. Pero en este caso, el hambre vence a la lógica. Su familia ya consumió la primera cosecha de maíz sin importar el riesgo al que se puedan someter.

De hecho, si bien los únicos cultivos que han sido clausurados y calificados como aptos para el consumo son los que ocupan alrededor de dos manzanas atrás de las instalaciones en donde funcionó Baterías de El Salvador, las autoridades no han dado el aval para que el resto de cultivos sean consumidos. Más bien, se ha pedido un tiempo de prudencia a sus dueños mientras se les realizan estudios para verificar si son comestibles o no.

Mientras se esperaba el resultado de estos estudios se prometió la distribución de canastas alimenticias a cargo de la Secretaría de Inclusión Social para solventar las necesidades alimenticias. Sin embargo, un mes después, la familia de doña Carmen Pineda, cuya hija Zoila Pineda es dueña de uno de esos cultivos que están bajo la sombra de los rótulos que rezan “cultivo contaminado con plomo”, no ha recibido la ayuda alimenticia prometida. Según ella, a pesar de que el maíz que siembran no es la principal fuente de ingresos, este sí representa un alivio a sus bolsillos.

Si sobrevivir sin comida es una tarea imposible, hacerlo sin agua es una tarea ingenua. El plan de acción contemplaba la instalación de tanques con suficiente capacidad para abastecer a las personas cuyos pozos serían cerrados. Sin embargo, al momento de realizar este reportaje, de al menos 8 tanques prometidos solo habían sido instalados dos cuyas condiciones y dimensiones dejaban mucho que desear: en un caso se les entrego sin tapadera y en el otro su capacidad no era la suficiente como para abastecer a una tan sola familia. A pesar de ello, a la fecha los pobladores agradecen que los tanques sean llenados cada 3 días.

Aún así los miembros del Comité Ambiental del Sitio del Niño aseguran que hace falta la colocación de al menos 10 tanques más en comunidades que no poseen agua potable.
La pavimentación de las calles más cercanas a la fábrica es otro de los puntos pendientes según el Comité Ambiental, puesto que es en estos suelos en donde las concentraciones de plomo son mucho más dañinas y la necesidad de los vecinos de utilizar estas vías de acceso pone en peligro su salud.

El papel realizado a la fecha por el Ministerio de Salud es quizás el que mejor evalúan los que habitan bajo la emergencia. Es loable, según Mauricio Cruz, el hecho de que se estén realizando exámenes a los niños de las escuelas aledañas para verificar si existe contaminación con plomo en ellos o no. Al momento de la declaratoria de emergencia ambiental, la Viceministra aseguró que son 121 los niños en los que se han encontrado concentraciones del contaminante arriba de lo normal. Gran parte de estos niños ya se encuentran bajo tratamiento y diversos especialistas se ocupan de ellos.
Sin embargo, la colaboración interinstitucional que se presumía ante la emergencia es la principal deuda que la mayoría reciente.

Cinco meses por delante
La evaluación que Mauricio Cruz, presidente del Comité Ambiental del Sitio del Niño, hace sobre la actuación de las autoridades gubernamentales durante el primer mes bajo emergencia ambiental en las comunidades afectadas por la contaminación de Baterías de El Salvador es pesimista. Los hechos a la fecha no alcanzan las expectativas. Cumplirlas, asegura Cruz, implica un compromiso de más seriedad por parte de las instituciones involucradas.

Don Hernán García Pérez sigue en el mismo lugar en el que le dijeron que no podía seguir con su negocio pues representaría un peligro para su salud. Una familia más habita esa casa. Todos coinciden en la desventaja que representaría para ellos abandonar su lugar, pues la accesibilidad del mismo y la comodidad en la renta no son cualidades fáciles de encontrar en un inmueble, aseguran. Como ellos otras dos familias se enfrentan a los mismos problemas: vivir con lo que tienen en donde no se puede (a costa de su salud) o vivir sin nada en donde puedan. El gobierno ha prometido una compensación económica a través de FONAVIPO para que encuentren un lugar que habitar sin poner en peligro sus vidas, pero ante la falta de conocimiento de un monto específico, sólo les resta esperar que sea lo suficiente para continuar con sus vidas.

La familia de don René Gómez confía a ciegas en que sus cultivos no estén contaminados a pesar de que la razón les dice que no es cierto. Pero en lugar de enredarse en juegos de lógica preferirían que se les diera una solución definitiva ante la carencia de alimento que provocaría dejar de consumir lo que cultivan.

Mientras, esperan que pronto la razón también toque a la puerta de las autoridades.
Con la primera emergencia ambiental declarada en El Salvador las autoridades encargadas de administrarla se han puesto a prueba. Las exigencias son muchas y las excusas apelan a los escasos recursos y la falta de experiencia. Sin embargo, mientras habla de ello, Mauricio Cruz emite un juicio que pone a pensar sobre la veracidad de las excusas: “para ser vivo no se necesita experiencia”.