20 junio: Abominación al borde del Estado Fallido

Fotos Rodrigo Sura
texto de Alfredo Melgar



El domingo 20 de junio del 2010 marca un punto de quiebre en los hechos de violencia vividos en los últimos años en el país, con lujo sadismo un grupo de pandilleros de la mara 18 rociaron gasolina a unos 30 pasajeros que se conducían en un microbus de la ruta 47 de Mejicanos incinerándolos, dando muerte en el lugar a 14 personas incluido un menor de apenas meses de nacido.

El abominable crimen difícilmente saldrá de la memoria del ministro Manuel Melgar ya que es una macabra muestra de la inoperancia de las autoridades de justicia y seguridad que a más de un año de gestión no logran reducir el índice de homicidios en general que hasta el 1 de junio del 2009 se mantenían en 9 como promedio diario, y del sector del transporte en particular que en el transcurso del 2010 ya contabiliza más de 85 asesinatos de empleados de este sector según el presidente de la gremial de microbuses FECOATRANS, Catalino Miranda.

Hasta antes del 20 de junio, la policía nacional únicamente resguardaba las escenas de buses y microbuses quemados y motoristas y cobradores asesinados, hechos atribuidos por las autoridades al no pago de las extorsiones y las rencillas personales. A la fecha las unidades del transporte colectivo incendiadas ya superan las 30 afirma el empresario de microbuses, Catalino Miranda.

La dantesca escena del 20 de junio obliga el despliegue de un operativo policial que, a diferencia de los hechos anteriores, tiene como resultado la captura de 12 sujetos implicados en el crimen antes de que se cumplieran 24 horas de perpetrar del hecho. Pese a que hace 7 años el ahora ministro de justicia critico enérgicamente la ley antiterrorismo, luego de las capturas el funcionario pidió a la fiscalía procesarlos por los ilícitos de actos de terrorismo.

Ignorando la solicitud del ministro Manuel Melgar, o actuando con suficiente cordura, la fiscalía general de la república presenta las acusaciones contra 12 los involucrados en el crimen imputándoles los delitos de posesión y tenencia de armas o drogas y otros objetos ilícitos que les fueron encontrados, y no por el cargo de actos de terrorismo que el funcionario pidió desde el inicio que se les imputara.

Actualmente de los 12 detenidos el 21 de junio, 8 sujetos son procesados en diferentes tribunales por agrupaciones ilícitas y los homicidios agravados de las hasta ahora 17 víctimas mortales y los 17 homicidios agravados tentados contra los sobrevivientes. Entre los imputados se encuentra un adolescente cuyo caso es conocido por el juzgado tercero de menores.

La repudiable masacre no puede calificarse como un hecho aislado ya que se produce a tan solo unas semanas de que el presidente Funes autorizara un incremento de efectivos militares para apoyar el trabajo de seguridad pública que desarrolla la policía nacional civil que, con el despliegue de los militares desde hace 6 meses en los municipios considerados más violentos, no logró reducir la estadística de homicidios que promedia los 13 asesinatos diarios.

También se tiene que recordar que entre las acciones para reforzar el combate al crimen anunciadas por el presidente Mauricio Funes, se tenia programado que unas semanas después del 20 de junio el ejercito tomara control de la seguridad de los penales con mayor riesgo. En este contexto algunos analistas consideraron el crimen que cobro la vida de 20 personas como una muestra de la fuerza de las pandillas.

El crimen del 20 de junio obligó el anticipo de la toma del control de la seguridad penitenciaría por parte del ejército comenzando por el centro penal de Ciudad Barrios, seguido de las cárceles de Chalatenango y Quezaltepeque entre otras; estas acciones se acompañaron de una fuerte campaña publicitaría.

La presión de la opinión pública, que vio en la masacre del microbus de la ruta 47 la gota que derramó el vaso de la inoperancia de las autoridades de justicia y seguridad, obligo al presidente Mauricio Funes 5 días después del 20 de junio anunciar en cadena nacional de radio y televisión la creación de una ley que criminaliza la pertenencia a pandillas.

La redacción de la ley de proscripción pandillas, que por más que se quiera negar no deja de recordar la cuestionada legislación propuesta en el gobierno del presidente Francisco Flores de ARENA y ferozmente criticada por el FMLN, estuvo a cargo del viceministro de justicia y seguridad y excandidato a fiscal general Henry Campos.

A diferencia del pasado cuando jugaban el papel de partido de oposición, el coordinador general del FMLN Medardo Gonzáles anticipo que darían sus votos para la aprobación de la ley antipandillas argumentando que las condiciones actuales son diferentes a las que se vivían cuando la fracción de izquierda despotricó contra lo que hoy vislumbran como una herramienta legal útil para combatir la violencia.


Una semana después del anuncio presidencial la ley antipandillas fue presentada a los directores de prensa de los diferentes medios de comunicación y representantes de la empresa privada; este último sector un día antes critico el proyecto de ley que según las declaraciones de Carlos Araujo y Raúl Melara, presidente y director ejecutivo respectivamente de la asociación nacional de la empresa privada ANEP no solucionaría el problema ya que la misma tiene un carácter administrativo y no penal.

Pese a que se esperaba que el proyecto de ley fuera enviado a la asamblea legislativa para su discusión y aprobación esa misma semana en que fue presentado, el documento fue remitido al secretario de asuntos jurídicos de casa presidencial después de escuchar los señalamientos de algunos jueces para evitar que fuese declarado inconstitucional como hizo la corte suprema de justicia hace 7 años. A más de un mes de ocurrido el crimen la propuesta de ley de proscripción de pandillas sigue en estudio en la comisión de seguridad del parlamento.

Los hechos del 20 de junio en Mejicanos también dieron lugar a que, en una aparente muestra de democracia y pluralismo el presidente Funes llamara a todos los partidos políticos para que presentaran sus propuestas para enfrentar la situación actual, siendo la más publicitada la del partido ARENA.

Por otro lado la Gran Alianza por la Unidad Nacional, GANA, propuso castigar con la pena de muerte los actos de terrorismo e incluir los atentados a unidades del transporte y sus terminales en este ilícito.

En un acto desesperado 47 diputados aprobaron un decreto obligando la lectura de la biblia en las escuelas argumentando que la medida ayudaría prevenir crímenes como los del 20 de junio.

Entre las últimas reacciones provocadas por el crimen del ahora llamado 20-J se encuentra el manifiesto hacia la seguridad ciudadana pronunciado por los integrantes del consejo nacional de educación, encabezado por el ministro de educación y vicepresidente de la república Salvador Sánchez Cerén.

La próxima semana la comisión de seguridad de la asamblea legislativa tiene programado escuchar a los titulares del ministerio de justicia y seguridad, procuradurías general y de derechos, fiscalía general de la república y algunos jueces y magistrados para analizar la propuesta de ley de proscripción de pandillas, mientras la población aun espera acciones eficaces contra la delincuencia.